Álvaro García Ortiz: El escándalo que sacude al Gobierno de Sánchez

Un Fiscal General en la cuerda floja

El caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez. La imputación de Ortiz por un delito de revelación de secretos plantea serias implicaciones políticas y pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo.

Utilización del Estado como arma política

Desde el inicio de la investigación, el Gobierno ha intentado desacreditar al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, acusándolo de ser parte de una conspiración para derrocar al “Ejecutivo de progreso”. A pesar de la presunción de inocencia que ampara a Ortiz, su negativa a dimitir, junto con la falta de acción del Gobierno para forzar su salida, pone en evidencia una grave distorsión en la percepción del Estado como patrimonio personal por parte de Sánchez y sus colaboradores.

Este caso refleja un uso indebido de las instituciones estatales para atacar a adversarios políticos, en este caso, a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El Gobierno, en un intento por desestabilizarla, utilizó a García Ortiz de manera ilegal, lo que revela un comportamiento más característico de regímenes autoritarios que de una democracia europea.

El escándalo de García Ortiz no solo pone en riesgo la estabilidad del Gobierno, sino que también representa una amenaza significativa para la continuidad de Sánchez en la presidencia, evidenciando la línea delgada entre lo público y lo privado en su administración.